El 1 de septiembre de este año debía entrar en vigor una ley según la cual todos los transportes irá amparados por un documento de control digital, el E-CMR. Pero como ya informamos el pasado 22 de marzo, la administración no disponía del software necesario para procesarlos, ni mucho menos las pequeñas y medianas empresas. Para evitar el previsible ridículo, se amplió el plazo 18 meses, hasta enero de 2026.
Una encuesta realizada entre transportistas catalanes ha vuelto a demostrar la ineficacia de las administraciones en dar a conocer las leyes que nos afectan: casi la mitad de los transportistas no saben que existe el E-CMR y casi dos de cada tres no saben que será obligatorio. Apenas un 7.5% asegura que alguno de sus clientes lo ha utilizado.
Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, se han puesto en marcha ayudas específicas a la digitalización. Pero las conocen menos de uno de cada tres transportistas y sólo el 8% las ha solicitado.
El divorcio entre la vorágine legislativa que nos afecta y la comunicación es cada día mayor. Como resultado, la mayoría de empresas se van a encontrar incumpliendo más y más normas por desconocimiento, y van a tener que implantar soluciones a última hora sin derecho a percibir ayudas y sin tiempo para estudiar las alternativas adecuadas para ellos. La comunicación es clave para la competitividad. Y su ausencia perjudica a todos pero principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
