Se han acabado las “vacas gordas” para la administración. Tras cuatro años de “barra libre” en el gasto público para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19, las reglas fiscales europeas entrarán en vigor el próximo ejercicio.
Con un déficit del 3,6% y una deuda pública del 108% del PIB (para ponerlo en perspectiva, eso significa que la deuda del estado para cubrir todos los déficit acumulados es igual a todo lo que venden todas las empresas y autónomos españoles en casi un año y un mes. Lo que venden, no lo que ganan) los ajustes serán inevitables y muy duros. Especialmente ahora, con los tipos de interés en aumento que convertirán enormes cantidades del tan necesario dinero en pagos de intereses de esta deuda.
La solución la tienen clara: las comunidades autónomas gestionan muchos servicios públicos que consumen el 44% del presupuesto, servicios que son los que más impactan en el ciudadano (sanidad, educación, carreteras…) así que el grueso de los recortes, estimados entre 6.000 y 9.000 millones de euros al año según se hagan los planes a 7 o a 4 años, recaerá sobre ellas.
La AIREF (autoridad fiscal independiente) también habla de aumentar los impuestos para reducir los recortes, pero sobre este tema de momento hay un velo de silencio.
La cámara acorazada del Banco de españa que ilustra este artículo, cada vez está más vacía.
